Soberanía digital de México puesta en duda por privacidad
México pretende construir un país digital, aunque sus autoridades hayan optado por sistemas tecnológicos extranjeros, lo que pone en duda la privacidad de la nación.
México atraviesa por un serio problema, que obedece, en gran parte, a su propia incapacidad de ofrecer tecnología local apropiada para sus objetivos digitales. Se trata de la Estrategia Digital Nacional de Tecnologías de la Información (TI) que el gobierno intenta construir para garantizar la seguridad digital del país, proyecto que tiene como preferencia para su desarrollo a empresas extranjeras, de origen mayoritariamente estadounidense.
Y es que elección por parte de la Administración Pública de proveedores extranjeros para tratar y procesar la información de los ciudadanos mexicanos generó controversia, mucho más considerando los actos de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) revelados por Edward Snowden. Con ello, según los expertos, la privacidad de las personas y la soberanía del país están en riesgo.
Como se recuerda en el 2014, compañías como Google, Microsoft y Oracle, firmaron con la Secretaría de la Función Pública (SFP) un Contrato Marco para la adquisición de licencias de softwares a fin de proveer servicios como cómputo en la nube, administración de base de datos y plataformas colaborativas a las entidades del gobierno.
Aunque dichas compañías se han deslindado de una posible responsabilidad frente a las revelaciones de los programas de espionaje de la NSA, también han buscado la modificación de las prácticas de espionaje desde el ámbito legal o legislativo, incluyendo diálogos con la administración pública.
Expertos lamentan que México no haya sido capaz de dar el impulso necesario al talento local para el desarrollo de servicios propios que sean usados por el gobierno y los mismos consumidores, y que sean una alternativa a las tecnologías estadounidenses.
Vale anotar que algunos de los objetivos que busca la Estrategia Digital Nacional de México es generar una transformación gubernamental y educativa, aumento de productividad y desarrollo de empresas con énfasis en economía digital, propiciar el acceso a servicios de salud y de carácter afectivo, así como una innovación cívica con participación ciudadana.